La aprobación de la Ley Orgánica de Transparencia Social (conocida también como Ley de Utilidades y Dividendos o Ley de Fundaciones) introduce cambios significativos en la tributación de las empresas en Ecuador. Entre los puntos más relevantes está la creación del impuesto sobre dividendos y utilidades no distribuidas, que afecta directamente a las sociedades y a los inversionistas privados. Este ajuste tributario no es menor: repercute en sectores estratégicos de la economía, y especialmente en el desarrollo inmobiliario, uno de los motores más dinámicos del país. La ley fue publicada en el Registro Oficial el 28 de agosto de 2025, y las disposiciones sobre dividendos y utilidades no distribuidas aplican a partir de septiembre de 2025.

El sector inmobiliario como dinamizador de la economía

El sector inmobiliario en Ecuador mueve millones de dólares al año, genera miles de empleos directos e indirectos, e impacta a industrias relacionadas como la construcción, metalmecánica, acabados, transporte, servicios financieros, diseño y marketing. Cada urbanización, edificio o conjunto habitacional implica un encadenamiento productivo que multiplica la actividad económica, desde los proveedores de materiales hasta las familias que acceden a una vivienda.

En este contexto, cualquier cambio tributario que afecte la rentabilidad de los inversionistas repercute directamente en la capacidad del sector inmobiliario para seguir apostando por nuevos proyectos de construcción de casas, urbanizaciones y complejos habitacionales.

¿Qué significa el nuevo impuesto para el desarrollo inmobiliario?

Con la nueva ley, las empresas deben pagar:

• Un 12% sobre dividendos distribuidos, aplicable a los accionistas residentes.
• Un impuesto progresivo sobre utilidades no distribuidas, que puede alcanzar hasta el 2,5% dependiendo del monto retenido.

Esto implica que las empresas que decidan reinvertir utilidades para capitalizarse o para futuros proyectos inmobiliarios tendrán ahora un costo adicional. En la práctica, significa que los desarrolladores y constructoras podrían ver reducida su liquidez y, por ende, su capacidad de iniciar nuevos proyectos de gran escala.

El efecto sobre inversionistas y empresas privadas

La inversión privada es el pilar que sostiene gran parte del dinamismo del sector inmobiliario. Inversionistas nacionales y extranjeros apuestan por Ecuador porque encuentran oportunidades en la construcción de viviendas, urbanizaciones y proyectos de uso mixto. Sin embargo, la aplicación del impuesto sobre dividendos y utilidades no distribuidas puede disminuir el atractivo del país frente a otros mercados de la región.

El inversionista, que espera una rentabilidad competitiva en el mediano y largo plazo, ahora debe considerar que parte de sus utilidades serán absorbidas por el fisco. Este escenario puede generar cautela y, en el peor de los casos, frenar nuevas inversiones inmobiliarias que son esenciales para el crecimiento económico y la generación de empleo.

Riesgos para el desarrollo urbano y habitacional

Ecuador atraviesa un momento en el que la demanda de vivienda sigue creciendo, tanto en ciudades principales como en zonas emergentes. Proyectos como urbanizaciones privadas, conjuntos de casas y desarrollos verticales cumplen un rol clave para atender esta necesidad. Sin embargo, con menores márgenes de rentabilidad, las constructoras podrían optar por pausar proyectos, reducir el tamaño de las inversiones o elevar precios de venta para compensar el impacto fiscal.

Esto no solo afecta al sector privado, sino también a la población: menos oferta de vivienda significa precios más altos y menor acceso para las familias que buscan su casa propia.

Ángel Fuentes: visión de un especialista inmobiliario

Para Angel Fuentes, especialista inmobiliario con amplia experiencia en el desarrollo y comercialización de proyectos, este nuevo impuesto debe analizarse con visión estratégica. Si bien el Estado busca aumentar su recaudación, es fundamental que la política tributaria no ahogue al sector inmobiliario, ya que este es el que más dinamismo genera en la economía nacional.

Según Fuentes, el impuesto sobre dividendos y utilidades no distribuidas puede convertirse en un freno al desarrollo inmobiliario si no se generan incentivos paralelos que fomenten la inversión. El reto está en lograr un equilibrio: garantizar ingresos para el Estado sin poner en riesgo la maquinaria de crecimiento que representa la construcción.

Conclusión: la importancia de proteger el motor inmobiliario

El sector inmobiliario en Ecuador no solo construye casas y edificios: construye ciudades, empleo y futuro. La implementación del nuevo impuesto debe ser evaluada con cuidado, ya que impacta la rentabilidad esperada por empresas privadas e inversionistas, y con ello, la continuidad de proyectos que sostienen el desarrollo del país.

Como lo señala Angel Fuentes, especialista inmobiliario, se necesita un marco regulatorio que inspire confianza y fomente la inversión. Solo así será posible mantener al sector inmobiliario como el verdadero motor de la economía ecuatoriana y garantizar que Ecuador continúe avanzando en su desarrollo urbano y social.